Innovación farmacéutica y sostenibilidad

Fuente: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/08/30/companias/1567163159_477700.html

Autor: Humberto Arnés

No hay razón para ver en el medicamento un problema para el futuro de nuestra sanidad

Por mucho que se coree una falsedad, la realidad sigue siendo diferente; sin embargo, lo falaz, tratado de forma simplista y generando alarma, se abre rápidamente camino y puede dar lugar a decisiones erróneas. Esta tergiversación de la realidad no es infrecuente en el ámbito del medicamento; en los últimos tiempos estamos oyendo voces que –por desinformación o interesadamente– repiten, sin datos y sin argumentos, que los precios de los nuevos medicamentos ponen en riesgo la sostenibilidad económica de nuestro Sistema Nacional de Salud, lo cual es falso.

Es cierto que nuestro sistema sanitario público tiene una debilidad financiera que amenaza los niveles de calidad alcanzados antes de la crisis económica, y ello fundamentalmente por dos causas que deben ser objeto de otro debate: la primera, el insuficiente nivel de recursos económicos que destinamos hoy a esa sanidad pública (no llega al 6% del PIB, cuando en 2010 era del 6,5% y en Europa es como media del 7%); la segunda, desafortunadamente común a todos los países, las ineficiencias en la adquisición y gestión de sus recursos. Pero en ningún caso son los medicamentos los responsables de esta debilidad financiera de nuestro sistema público de salud.

La realidad es muy distinta: el sistema ha sido capaz de incorporar los nuevos medicamentos, incluso en los años más duros de la crisis (en los que se ha producido un aumento sin precedentes del número de personas que padecen alguna enfermedad crónica) sin comprometer su viabilidad. Todo ello ha sido posible incluso dedicando un menor esfuerzo presupuestario que en años anteriores (en 2010 el gasto público en medicamentos representaba un 1,57% sobre el PIB y en 2018 un 1,42%). Una buena muestra es lo ocurrido en las últimas dos décadas, un periodo fértil en innovaciones promovidas por la industria y que han permitido curar patologías que antes no tenían remedio (como la hepatitis C), cronificar enfermedades mortales como el sida o lograr tasas de supervivencia en cáncer nunca vistas hasta ahora. Los hechos demuestran que los nuevos tratamientos, lejos de suponer un riesgo para el sistema, son una de las claves que explican que España cuente hoy todavía con uno de los sistemas sanitarios más sólidos del mundo.

Esta realidad es igualmente válida para los nuevos tratamientos personalizados que están llegando. Contar con estas disruptivas terapias génicas y celulares es una gran noticia para toda la sociedad, ya que nos van a permitir avanzar hacia cotas nunca alcanzadas de esperanza y calidad de vida; las expectativas que proporcionan no deben verse empañadas por juicios infundados que las asocian a unos costes insostenibles. No se puede negar que, consideradas de forma unitaria, estas terapias tienen un precio mayor que el de las tradicionales, puesto que su coste de I+D no es inferior al de otras dirigidas a millones de pacientes, mientras que estos nuevos fármacos están indicados para muy pocas personas. Sin embargo, precisamente por esto, su coste global es asumible.

Desmontemos pues esos falsos juicios sobre las dificultades que crean en las cuentas públicas las innovaciones farmacológicas. Lo primero que debemos considerar es que cada vez más patologías de alto impacto se tratan con medicamentos que han perdido la patente y están sujetos a la competencia de genéricos y biosimilares, con lo cual su precio es bastante inferior al inicial. De hecho, en España la cuota de medicamentos con menos de diez años de comercialización –que coincidiría prácticamente con la cuota de los medicamentos bajo patente– no llega al 30% de las ventas totales de fármacos, y se ha mantenido estable en los últimos años pese a que no han dejado de incorporarse innovaciones. Este escenario responde al buen funcionamiento de nuestro marco regulatorio, que prevé una protección de los derechos de propiedad industrial para estimular la inversión en investigación y posteriormente, cuando estos derechos expiran, hace posible la llegada de genéricos y biosimilares y la reducción de precios. Hoy, en España, el 50% de los medicamentos con receta dispensados en las farmacias tienen un precio inferior a 3,5 euros; la úlcera péptica, la insuficiencia cardiaca, la hipercolesterolemia o la depresión, entre otras patologías, se tratan con un coste mensual inferior a 5 euros, lo cual permite atender otras enfermedades con costes superiores.

Pero hay más mecanismos que permiten que la inversión pública en medicamentos se mantenga en valores sostenibles, como son la fijación de los precios por la administración, el sistema de precios de referencia (que iguala los precios de los medicamentos originales con los de los genéricos) o los nuevos modelos de financiación pública (riesgo compartido, pago por resultados, descuentos por volumen de ventas, techos de gasto, etc.). A esto hay que añadir el convenio suscrito entre el Gobierno y Farmaindustria, por el que las compañías farmacéuticas se comprometen a devolver la diferencia si el gasto público en medicamentos originales crece más que el PIB real. Es un compromiso y un sacrificio muy alto para un sector esencialmente innovador, pero que garantiza, en última instancia, la sostenibilidad de las cuentas públicas en cuanto a fármacos se refiere y, por tanto, la posibilidad de que todos los pacientes puedan tener acceso a los mejores y más novedosos medicamentos.

Junto a estos elementos que actúan sobre el gasto farmacológico, hay que tener en cuenta otra cuestión que suele pasar inadvertida: el ahorro que generan los nuevos medicamentos en otras áreas del sistema sanitario, que estudios internacionales cifran entre 2 y 8 veces su coste inicial. A esto hay que añadir sus efectos positivos para la economía a través de la reducción del número y duración de las bajas laborales y del consiguiente aumento de la productividad, o del ahorro de otros costes sociales, como los cuidados personales o la incapacidad laboral.

De cara al futuro, este escenario de sostenibilidad global de la prestación farmacéutica se mantendrá, ya que en los próximos años la factura pública en medicamentos en España, según fuentes de referencia nacionales e internacionales, crecerá en torno al 2%. Cuestión diferente es que si queremos disponer de un sistema de salud ejemplar en la cobertura de contingencias y en la provisión de resultados y que aproveche todas las externalidades que puede generar, debamos priorizar esta partida en los presupuestos públicos, dedicando a la atención sanitaria un esfuerzo algo superior en términos de participación en el PIB y comencemos a trabajar en mejorar la eficiencia del sistema a través de la incorporación de las nuevas tecnologías digitales.

Con todos estos datos no hay, por tanto, razón para ver en el medicamento un problema para el futuro de nuestra sanidad, sino más bien al contrario, ya que disponemos de los mecanismos y vías de colaboración adecuados para entenderlo como una solución. Dejemos de lado las voces de alarma carentes de fundamento y trabajemos para que España sea uno de los países con mejores condiciones para acceder a los nuevos medicamentos. Los pacientes, y todos los seremos antes o después, lo agradecerán

Humberto Arnés es director general de Farmaindustria